En Morelia, al tiempo que se realizaban las primeras reuniones de trabajo para integrar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un grupo de ciudadanos marchó en silencio por el Centro Histórico en demanda de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
El acto, convocado por simpatizantes del llamado Movimiento del Sombrero, coincidió con el arranque formal de la consulta estatal encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y 59 presidentas y presidentes municipales. La estrategia, impulsada por el Gobierno Federal tras los hechos ocurridos en Uruapan, busca atender la situación de violencia en la entidad a través de tres ejes: seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia; y educación y cultura para la paz.
Durante la reunión, Rosa Icela Rodríguez explicó que el plan se encuentra en fase de elaboración y que será construido a partir de los aportes de los distintos sectores sociales, incluidos pueblos indígenas, empresarios, líderes religiosos, jóvenes, mujeres y víctimas. Subrayó que la intención es “construir la paz desde abajo”, mediante mecanismos locales y regionales que fortalezcan la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el gobernador Ramírez Bedolla, el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, y el fiscal Carlos Torres Piña, para definir los aspectos operativos del plan. La estrategia será implementada con el apoyo del Gabinete de Seguridad, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Civil de Michoacán.
El gobernador Bedolla respaldó la iniciativa y señaló que el contexto de violencia en el estado exige una colaboración estrecha entre los municipios, el gobierno estatal y la federación. Sin embargo, en el Congreso de la Unión surgieron cuestionamientos sobre la falta de recursos asignados al plan en el Presupuesto de Egresos 2026. Legisladores de oposición propusieron una reasignación de 10 mil millones de pesos para su aplicación, pero la propuesta no fue aprobada.
Diversos sectores sociales manifestaron su expectativa ante el proceso de consulta. Comunidades indígenas pidieron ser incluidas en la elaboración del plan; organizaciones religiosas ofrecieron colaborar en los espacios de diálogo; y representantes empresariales insistieron en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad en las zonas productivas del estado.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia continuará su proceso de consulta en las próximas semanas. Una vez concluida esta etapa, el Gobierno Federal presentará un documento final con los compromisos institucionales y las metas de aplicación en los municipios con mayores niveles de violencia.
