Entre la indignación social, la confrontación política y la sombra del crimen organizado
El homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre durante el tradicional Festival de las Velas, ha detonado una crisis política y social en Michoacán. La ejecución, perpetrada a plena vista de ciudadanos y visitantes, fue interpretada no solo como un ataque a una autoridad local, sino como una muestra más de la descomposición institucional que vive la entidad. En cuestión de horas, las calles de Uruapan y otras ciudades del estado se convirtieron en escenario de manifestaciones, exigencias de justicia y episodios de violencia que exhiben la fragilidad de la gobernabilidad.
Desde el primer momento, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla asumió públicamente la responsabilidad de “dar la cara” y confirmó que la delincuencia organizada estaría detrás del atentado. En conferencia de prensa, reveló que existen detenidos y testigos bajo resguardo que aportan datos a la investigación. Bedolla describió a Manzo como “un hombre valiente, decidido y comprometido con su pueblo”, y anunció que su administración mantendrá la coordinación con el equipo político que el alcalde encabezaba, el cual —junto con el diputado Carlos Bautista Tafolla— propondrá al sustituto. Sin embargo, la respuesta oficial no logró contener la indignación social ni las críticas de la oposición.
La Fiscalía General del Estado informó que el arma utilizada en el crimen, una pistola calibre 9 mm, había sido empleada en otros tres homicidios recientes en Uruapan. El fiscal Carlos Torres Piña confirmó que el atacante, abatido tras disparar contra el edil, permanece sin identificar oficialmente, aunque versiones posteriores apuntaron a Osvaldo “N”, alias “El Cuate”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación. El móvil, hasta ahora, sigue sin esclarecerse. El patrón de violencia en la región y las amenazas previas contra líderes locales alimentan la percepción de un ajuste de cuentas entre poderes fácticos y autoridades municipales.
Las repercusiones políticas fueron inmediatas. En el Congreso del Estado, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís Sámano, anunció que esperarán la notificación del Cabildo de Uruapan para definir al alcalde sustituto, mientras las bancadas de Morena, PVEM, PRDM y la Representación Parlamentaria emitieron un pronunciamiento conjunto condenando el asesinato y llamando a la “unidad institucional”. Paralelamente, el Partido Verde propuso citar a comparecer al secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, para que informe sobre las estrategias de seguridad en la entidad.
Sin embargo, el clima se tensó tras las protestas ciudadanas. En Morelia, jóvenes que exigían justicia intentaron irrumpir en el Congreso local y fueron reprimidos por granaderos con balas de goma. En Uruapan, manifestantes vandalizaron estaciones del teleférico y realizaron pintas contra los gobiernos estatal y federal. La respuesta más violenta ocurrió en Apatzingán, donde una marcha derivó en el incendio del Palacio Municipal y destrozos en oficinas públicas. La viuda del alcalde, Grecia Itzel Quiroz, pidió serenidad y exhortó a mantener las movilizaciones en paz: “Carlos hubiera querido justicia, no violencia”.
El gobernador Bedolla denunció que entre los manifestantes había infiltrados ligados a FRENA, el PAN y el PRI, lo que generó más controversia. Dirigentes nacionales del PAN y del PRI respondieron exigiendo la renuncia del mandatario, al considerar que el asesinato de Manzo y la violencia desbordada reflejan el fracaso de su estrategia de seguridad. El dirigente priista Guillermo Valencia incluso reveló que recibió recomendaciones de abandonar el país por motivos de seguridad. Por su parte, desde el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal y Kenia López Rabadán llamaron a evitar la politización del crimen y coincidieron en que el país vive una etapa que exige responsabilidad de Estado.
En medio del duelo, Michoacán vuelve a aparecer como epicentro de una tragedia que mezcla impunidad, crimen y desencuentro político. La presidenta Claudia Sheinbaum, al abordar el tema en su conferencia matutina, descartó una nueva “guerra contra el narco” y afirmó que la fuerza del Estado debe expresarse en justicia, no en militarización. Pero mientras las élites discuten estrategias y responsabilidades, las calles de Uruapan siguen siendo el reflejo del hartazgo ciudadano. La muerte de Carlos Manzo, un alcalde independiente que se atrevió a desafiar a los poderes criminales, se ha convertido en un símbolo del precio que pagan quienes intentan gobernar donde la violencia manda.
