El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, sacudió el panorama político y social de la región de Tierra Caliente, donde persisten las denuncias por extorsión y amenazas contra productores agrícolas. El crimen, ocurrido el pasado 20 de octubre, ha reavivado el debate sobre la efectividad de las estrategias de seguridad en Michoacán y evidenciado las tensiones entre los distintos actores políticos del estado.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones y que ya fue detenido un presunto responsable. Detalló que Bravo Manríquez contaba con escolta durante su trayecto desde Morelia, pero decidió separarse de su equipo de seguridad antes de su homicidio. “Haremos justicia en este caso; las indagatorias avanzan con precisión”, aseguró el mandatario, mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el líder agrícola disponía de protección oficial y vehículo blindado.
La reacción política no se hizo esperar. El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, exigió suspender la sesión solemne del Congreso en Apatzingán, al considerar que “no hay nada que celebrar en medio de la violencia”, y acusó al Gobierno estatal de “simular resultados” en materia de seguridad. En contraste, el líder del PAN en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, rechazó la cancelación del acto legislativo, señalando que hacerlo “sería ceder ante la inseguridad”. Entre la tensión política y el temor social, Apatzingán se mantiene bajo vigilancia reforzada mientras productores y autoridades demandan justicia y garantías para el campo michoacano.
